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TI / Lucha contra la corrupción

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
Informe Global de la Corrupción, 2003


Peter Eigen (PRESIDENTE) • 15-10-2003

A los corruptos se les están agotando los escondites. Éste es el mensaje que se desprende del Informe Global de la Corrupción 2003. Gracias a la tecnología que facilita la difusión de información actualizada y precisa, los medios y la sociedad, de forma creciente, exigen al sector privado y a los políticos que rindan cuentas. A fin de garantizar la difusión de la información, los capítulos nacionales de Transparencia Internacional en Alemania, el Líbano, México, Panamá y muchos otros países han hecho campaña a favor de la libertad de información. Bajo el escrutinio de éstos y de otras organizaciones civiles, y del público en general, los gobiernos están tomando medidas para impulsar la causa de la transparencia. Desde Chile y Brasil hasta Corea del Sur y la India, la propagación del sistema de e-government (gobierno electrónico) implica un uso más generalizado de la Internet para trasmitir la información de dominio público y para abrir a la sociedad el proceso de ofertas en licitaciones públicas y privatizaciones.

Pero la libertad de información no es suficiente. No importa el grado de profesionalismo y precisión con el que se procese la información, la corrupción continuará prosperando si los medios y la sociedad civil no ejercen su función de observadores, y si los periodistas de investigación y, especialmente, los delatores dejaran de exhibir el valor que han demostrado hasta ahora.

Estos defensores de la transparencia son tan esenciales en el mundo en desarrollo como en el mundo desarrollado. La sección correspondiente a los informes regionales de este volumen se inicia con las revisiones de Europa Occidental y Norteamérica, desde donde el escándalo de Enron hizo tambalear al sector corporativo mundial y menoscabó gravemente la confianza de la sociedad en la integridad del sector privado. Enron y los otros escándalos que le sucedieron intensifican la percepción de colusión entre auditores, consultores impositivos, abogados y banqueros y sus clientes corporativos en la manipulación de los registros contables para el beneficio a corto plazo de los administradores, lo que constituye un flagrante atropello a la confianza investida en ellos por los accionistas, empleados y la sociedad en general.

En cierta medida, las iniciativas internacionales como la Convención de 1997 de Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pueden desalentar este tipo de conducta no ética. A pesar de que el propósito primordial de la misma es penalizar el cohecho de funcionarios públicos en el extranjero, la convención y los instrumentos relacionados de la OCDE también tocan cuestiones tales como informes contables, auditoría y controles corporativos. TI ha instado a la OCDE a que insista en promover avances en estas áreas en sus estados miembro dado que la Convención todavía no ha causado un impacto lo suficientemente revelador. Se están investigando sólo unos pocos casos en virtud de la convención, y se observa en la mayoría de los países miembro de la OCDE una falta de voluntad política para procesar judicialmente a aquellos involucrados en notorios casos de cohecho.


> Facultando al poder judicial para evitar la corrupción

Por Eva Joly

El Informe Global de la Corrupción no es el único en llamar la atención hacia los recientes escándalos en torno a Enron, WorldCom y otras sociedades que cotizan en Bolsa en los Estados Unidos, ni tampoco es la única voz que se alza para exigir la implementación de mecanismos de control y de presentación de informes más eficaces a fin de evitar la recurrencia de estos hechos. Estos casos giraron en torno a empresas privadas bajo el control de organismos externos que en sí presentaban conflictos de intereses entre sus funciones de auditoría y de consultoría. Algunos de estos grupos industriales, instituciones financieras y proveedores de servicios ejercen más presión a escala mundial que muchos países. Sin embargo, lo que ha salido a relucir en el sector privado también puede algún día aparecer en la esfera pública con respecto a la obligación del estado de responder por sus actos ante la sociedad.

La transparencia en el gobierno está supeditada al control parlamentario, el basamento de la democracia, que se mantiene gracias a los fondos públicos. Pero, a menudo, se observa un desequilibrio entre las prerrogativas del ejecutivo y la capacidad que tiene el parlamento de ejercer verdaderamente su función reguladora sobre el gasto público y el presupuesto. Por ejemplo, ¿cuán exactas son las cifras relacionadas con los déficits presupuestarios, la balanza de pagos, los cálculos de la tasa de crecimiento, la inversión extra presupuestaria en los fondos de jubilación y pensión o las previsiones para que el estado pueda cumplir con su responsabilidad en el área de la salud pública?

En los últimos años la dimensión de la corrupción global se caracterizó por la repetida participación de funcionarios públicos en transferencias fraudulentas de fondos privados y públicos. Se puede evitar la corrupción si se exige mayor transparencia en los informes contables y se implementan mejores mecanismos de control, especialmente en el caso de
intervenciones internacionales - ya sea en relación con asistencia o alivio en situaciones de desastre - y de los contratos de explotación de recursos naturales firmados entre grandes corporaciones y los estados.

La batalla contra las transacciones financieras ilícitas debe librarse con una sólida estrategia que faculte al sistema de justicia para que éste pueda convertirse en un arma indispensable de la misma. Por lo tanto, constituye una paradoja que los presupuestos asignados a la justicia representen sólo una mínima parte del gasto público. Por ejemplo, en países europeos como España, Francia y Alemania, sólo se asigna el 1-2% del presupuesto al sistema de justicia.

En el entorno internacional actual, es pertinente reconsiderar esta asignación de recursos ya que, sin un sistema de justicia operativo y dotado de suficientes recursos, ninguna investigación puede llegar a buen término. Cuando el sistema de justicia sobrecargado y sin los suficientes recursos se enfrenta al crimen organizado, este último tiene garantizada la impunidad.

Si no se realizan esfuerzos para modernizar las instituciones jurídicas, los futuros acuerdos internacionales no se podrán ejecutar y nuestras democracias seguirán amenazadas por la incapacidad que demostramos en la persecución de la corrupción y de otras actividades delictivas.


> Acción combinada


Además, la monitorización de la OCDE, que fuera diseñada para garantizar la efectiva implementación y ejecución de la Convención por parte de los estados miembro, carece de los recursos necesarios y registra demoras en su quehacer. La Convención fracasará si la OCDE no puede presionar a los gobiernos para que éstos lleven ante la justicia a aquellos responsables de sobornar a funcionarios extranjeros.

La reforma legislativa no es el único medio para impulsar la transparencia. Dentro del sector corporativo, muchos líderes de negocios también están asumiendo el desafío de cercenar la corrupción. El Índice de Fuentes de Soborno (IFS) 2002 revela que se percibe a las compañías de los principales países industrializados como levemente menos proclives al cohecho que al momento del primer IFS realizado en 1999. Sin embargo, hay empresas en Gran Bretaña y Estados Unidos que representan notables excepciones a esta tendencia.

Muchas empresas comprenden que erradicar el cohecho tiene sentido desde el punto de vista económico. Una encuesta realizada por Social Weather Stations a fines de 2001 reveló que los empresarios en las Filipinas estaban dispuestos a destinar un dos por ciento de sus ingresos netos corporativos a la financiación de programas anticorrupción. Habían estimado que evitar la corrupción redundaría en un aumento del cinco por ciento en sus ingresos netos y en un ahorro del 10 por ciento en los contratos.

A escala nacional, también se evidencia el avance en la lucha contra la corrupción. Hemos escuchado noticias alentadoras provenientes de los países en Europa Central y Oriental en fase de adhesión a la Unión Europea donde gracias a la voluntad política y la sociedad civil - junto a la presión ejercida por actores internacionales - se han realizado esfuerzos a fin de promover la transparencia y el buen gobierno. Sin embargo, el ritmo también es lento para revertir el perjuicio que ocasiona la corrupción a la reputación personal, pública y corporativa. En todo el mundo, el público sufre una terrible pérdida de confianza y la ciudadanía confía menos en los partidos políticos que en ninguna otra institución pública. Los más recientes datos del Nuevo Barómetro Europeo presentados en la sección sobre datos e investigación de este informe, revelan que en Europa Central y Oriental en su conjunto sólo una de cada ocho personas confía en los partidos políticos y sólo una de cada siete verdaderamente confía en los miembros del parlamento.

Mientras que todavía queda mucho por mejorar, en los últimos doce meses fuimos testigos de notables éxitos en la lucha contra el lavado de dinero y en la repatriación de bienes robados. Los acontecimientos del 11 de septiembre indujeron al gobierno de Estados Unidos y a otros a reconocer la naturaleza perniciosa del lavado de dinero y a instar al Grupo de Trabajo sobre Acción Financiera de la OCDE a ajustar aún más sus estrictas pautas contra el lavado de dinero. La cooperación internacional entre el poder judicial y las fuerzas de seguridad ha aumentado, y en noviembre del año 2001, la UE adoptó una nueva directiva sobre el lavado de dinero que obliga a los estados miembro a combatir el lavado de las ganancias obtenidas de la comisión de delitos graves, inclusive la corrupción.

El Informe Global de la Corrupción 2003 también refleja una tendencia positiva entre los donantes. Si bien ya en el informe 2001 nos habíamos percatado de los esfuerzos realizados por las organizaciones para detener la corrupción, en el último año éstas se han vuelto más exigentes, insistiendo en la necesidad de comprometerse con las políticas y procedimientos anticorrupción. Este enfoque encaja con la apertura de las cuentas públicas al escrutinio independiente. Los donantes también deberían insistir en que la sociedad civil goce de un acceso completo al monitoreo de los gastos y que pueda verificar que la ayuda llegue a los beneficiarios y proyectos para los cuales fue destinada, como escuelas y hospitales.


> África


Desde que las organizaciones civiles se organizan de manera más eficiente, especialmente en muchos países del continente africano, también realizan importantes aportes a la causa anticorrupción. Los capítulos nacionales de Transparencia Internacional en África están impulsando una campaña para la repatriación de los bienes apropiados en forma ilegal por los ex dictadores y depositados en cuentas bancarias en Londres, Zurich, Nueva York y Liechtenstein. 

Finalmente, los nigerianos casi presenciaron el retorno de USD 1.200 millones en fondos, robados por el difunto dictador Sani Abacha, hasta que el hijo de este paró el proceso antes de firmar un acuerdo que incluía una claúsula mediante la cual se retiraban los cargos por robo y lavado de dinero contra este y sus socios.

En este frente, también se avanzó en Sudamérica. En Perú, el gobierno de Alejandro Toledo ha realizado significativos esfuerzos para enmendar los errores de la era de Fujimori. Por ejemplo, se han congelado USD 225 millones depositados en cuentas alrededor del mundo a nombre del jefe de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, y de otros implicados en actos de corrupción.


> Manteniendo a la corrupción
bajo vigilancia

Por Ron Noble

Las fuerzas de seguridad deben jugar un papel primordial en garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales en una sociedad democrática. La corrupción puede socavar la capacidad de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de su misión y, en consecuencia, impedir que la sociedad funcione justa y eficientemente.

Esto es especialmente válido cuando la corrupción obstaculiza la ejecución de la ley misma. Un oficial de seguridad corrupto que obstruye el accionar de la justicia puede hacer que la aplicación de la ley sea ineficaz en la lucha contra los delitos en general. Esto, a su vez, puede socavar la confianza y seguridad de la sociedad en sus instituciones.

A aquellos involucrados en el crimen organizado, por regla general, los mueve un único objetivo: el lucro. El contrabando de armas, el tráfico de personas y drogas, y los delitos financieros generan cuantiosas sumas de dinero. El dinero se lava de manera tal que aparece en nuestro sistema financiero como el producido de actividades comerciales legítimas. En muchos casos, la corrupción allana el camino para la comisión de estos delitos. El crimen organizado invierte copiosamente hasta que descubre un "eslabón débil", alguien que se puede persuadir o sobre el cual se puede ejercer coerción para que colabore. Se apunta a banqueros, abogados, fiscales o jueces, políticos, funcionarios a cargo de la emisión de pasaporte, personal de embajadas y a miembros de las fuerzas de seguridad como oficiales de aduana y de la policía. A menudo, el bien más preciado es la información, la divulgación de la cual puede poner en peligro el accionar policial.

Como Secretario General de Interpol, la única organización policial mundial, he asumido el compromiso de lograr la excelencia en la comunicación y utilización de la información policial. He asignado prioridad a nuestras actividades de intercambio de información como, por ejemplo, el intercambio en tiempo real de información policial clave a fin de combatir una gama de graves delitos, inclusive la corrupción.

La comunidad internacional todavía siente los cimbronazos de los acometimientos del 11 de septiembre. Las fuerzas de seguridad a escala mundial han mancomunado sus esfuerzos para evaluar sus propias estructuras y sistemas a fin de remediar las vulnerabilidades que podrían debilitar sus esfuerzos en la lucha y la prevención del terrorismo. No se puede descartar que futuros ataques terroristas pudieran ser facilitados por la corrupción policial.

Parte de la solución para la aplicación de leyes sería garantizar que existen sistemas nacionales e internacionales de integridad. En aquellos casos en los que ya existen, debemos permanecer alertas y refinarlos o mejorarlos a fin de identificar los focos de corrupción, para evitar que los corruptos o aquellos proclives a involucrarse en actividades corruptas sean reclutados y, aún más importante, aumentar las posibilidades y el temor de ser atrapado y de verse expuesto.

Interpol, a través de su Grupo de Expertos sobre Corrupción, ha desarrollado un sistema de integridad para las fuerzas de seguridad. Para nuestra Asamblea Anual en Camerún en octubre de 2002, los 179 estados miembro de Interpol fueron invitados a adoptar los abarcadores "Estándares Globales para combatir la Corrupción en las Fuerzas y Servicios Policiales". Dichos estándares, aunque no fueran legalmente vinculantes, son esenciales para una organización cuya tarea principal es la de intercambiar información policial sensible. Se monitoreará la implementación de los estándares que ya han sido adoptados por la mayoría de los estados miembro de Interpol.

Apoyaremos la implementación ofreciendo capacitación y programas de intercambio entre profesionales. Sigo comprometido a garantizar que Interpol asista a sus miembros de esta manera para brindar un servicio eficaz, asentado en sólidos valores éticos infundidos de un alto grado de integridad profesional.

Concentrarse en el eficiente intercambio de información y en el esfuerzo para fortalecer el papel de la policía dentro de los sistemas de integridad es crucial en la construcción de una causa común contra la corrupción.


> El papel de la prensa libre


Los esfuerzos de la sociedad civil para combatir la corrupción son apuntalados por el trabajo de los periodistas de investigación. En octubre de 2001, el Comité de Selección del Premio de Integridad de Transparencia Internacional brindó un homenaje a la memoria de cuatro individuos que perdieron la vida a causa de sus tenaces esfuerzos para eliminar la corrupción. Tres de ellos eran periodistas. Carlos Alberto Cardoso, periodista de investigación en Mozambique fue asesinado en noviembre de 2000 mientras investigaba el fraude bancario más grande en la historia de su país. Georgy Gongadze, periodista ucraniano que pusiera de relieve la corrupción gubernamental en su servicio informativo por Internet, fue brutalmente decapitado y quemado con ácido en el otoño del año 2000.

Norbert Zongo, un periodista de investigación de Burkina Faso y secretario de redacción del semanario L´Indépendant fue asesinado en 1998; el caso sigue sin resolverse. En el año 2001, uno de cada cuatro periodistas asesinados estaban investigando casos de corrupción y las muertes todavía continúan.

Sin embargo, debemos recordar que hay un sinnúmero de casos donde los medios descuidan el rol que debieran ejercer en defensa de los derechos de los ciudadanos y, en cambio, alimentan vínculos indebidamente estrechos con líderes políticos. En este marco, no es factible que los medios puedan sacar a la luz casos de corrupción. De hecho, un reciente estudio realizado por el Banco Mundial revela que la exposición de casos corrupción no es tan común entre los medios de propiedad estatal como entre sus homólogos en el sector privado. En el Medio Oriente, muchas estaciones de televisión son de propiedad de ministros de gobierno y nadie parece percatarse de los conflictos de intereses existentes. Los periodistas en la región corren el riesgo de ser encarcelados por criticar a los líderes políticos, y la mayoría de las legislaturas de la región no han todavía redactado, promulgado ni puesto en vigor leyes que garanticen la libertad de información.

La presión política y las relaciones impropias con figuras públicas no son los únicos obstáculos que se interponen en el camino de asegurar altos estándares periodísticos. En muchos países, la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos amenaza cada vez más el rol vital de los mismos en la lucha anticorrupción. Los problemas de conflictos de intereses y concentración de los medios son muy pronunciados en Italia, donde el Primer Ministro Silvio Berlusconi controla la mayoría de las estaciones de televisión privadas así como también la red de televisión pública. Berlusconi había prometido resolver el conflicto existente entre su cargo político y los intereses de los medios dentro de los primeros 100 días de gobierno, pero para mediados de 2002 no había todavía indicios de que fuera a cumplir su promesa. Como miembro de la UE, Italia ha dado un ejemplo pasmoso a los candidatos que pretenden adherirse a la UE que hace muy poco lograron escapar de las garras de la censura estalinista.

La sociedad civil y las instituciones internacionales enfrentan la corrupción en muchos frentes. La corrupción - que continúa destruyendo la confianza en las instituciones públicas y privadas - es un problema sistémico; por lo tanto, los medios para derrotarla también deben ser de gran alcance y sistémicos. En esta lucha, se deben utilizar leyes y reglamentaciones contra el uso indebido del poder. Si se ha de restaurar la confianza en las instituciones públicas y privadas, se deberá garantizar el acceso a la información para promover la transparencia, y ésta quizás sea el arma más poderosa contra la corrupción.

Sólo al hacer hincapié en el acceso a la información y en una mayor transparencia en todas las esferas de la sociedad, desde lo local hasta lo intergubernamental, podrán la sociedad civil, el sector privado y el gobierno razonablemente intentar detener y exponer la corrupción y así asegurar que los corruptos ya no tengan sitios en donde esconderse.



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Texto. Malabo Análisis


Primera
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Buen Gobierno
Tratado G3
Indicadores




















































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