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Justicia / Impunidad e inmunidad


LA PERSECUCIÓN DEL TIRANO
El perseguidor perseguido
Por Malabo Análisis • 27-05-2003

Muchos guineanos nos preguntamos como perseguir los delitos cometidos por Obiang, cómo perseguir al tirano o cómo perseguir al perseguidor y nos lamentamos de la poca disposición de estados democráticos y sociedades libres para perseguir dichos delitos y de la laxitud del derecho internacional con los tiranos y los estados putrefactos. ¿No pueden perseguirlos o no quieren?. También nos preguntamos si será siempre así y si ese es el mundo que queremos construir. Con todo, la pregunta más recurrente siempre es la misma ¿cuánto falta para que el monstruo pueda ser juzgado por un Tribunal Nacional Guineoecuatoriano con las garantías jurídicas que son exigibles en un estado de derecho?.

En la práctica no se ha aplicado en ningún caso la jurisdicción universal in absentia (ausente) para los autores de crímenes de guerra, tortura o violación de los derechos humanos contra una autoridad en ejercicio de un estado. El caso Pinochet es, por el contrario, el ejemplo de que fuera del ejercicio político las Convenciones y Convenios son plenamente operativos. Hacemos está salvedad porque los naturales de un país víctimas de la persecución de su gobierno o régimen tienen que acudir a otras jurisdicciones, a las jurisdicciones de otros países para intentar justicia. Circunstancia que desemboca en acciones judiciales sin la presencia del acusado o en órdenes de busca y captura internacional, como fue el caso del juez belga contra el ministro de asuntos exteriores del gobierno de Laurent Kabila, Sr. Yerodia, de la República Democrática del Congo. Orden que fue recurrida por la República Democrática del Congo ante el Tribunal Internacional de Justicia.

Sin embargo, es conveniente señalar que los Convenios de Ginebra permiten e incluso animan el principio de jurisdicción universal in absentia (ausente) y que la Convención sobre la Tortura de 1984 establece la obligación aut dedere aut iudicare (enjuiciar) si el imputado se encuentra en el territorio de un Estado parte de la Convención (que se haya adherido a la Convención).

Se aprecia, en cualquier caso, una evidente tendencia en la evolución del Derecho Internacional contemporáneo favorable a permitir como facultad de cada Estado, el principio de jurisdicción universal in absentia respecto de hechos delictivos de indudable gravedad, como los crímenes contra la humanidad o de violación de los derechos humanos (tortura, desaparecidos, violencia y persecuciones estructurales o practicadas desde el Estado). Y tan es así que los estados y sus ordenamientos jurídicos obligan en casi todos los supuestos, estamos hablando de países democráticos, a prestar justicia a personas residentes víctimas en sus países de origen de persecución y tortura.

¿Qué se opone, entonces, qué obstáculos impiden una efectiva persecución de los tiranos?. En primer lugar la no existencia de práctica judicial de referencia o su escasez determina que los sistemas judiciales de los países libres actúen haciendo dejación de sus obligaciones. La causa del tal comportamiento hay que buscarla por un lado en la ignorancia de los aparatos judiciales, su débil formación y por otro, en presiones externas al sistema judicial.

Existen razones objetivas que hacen difícil perseguir delitos cometidos en el extranjero como son los cuantiosos recursos humanos y materiales que los Estados tienen que dedicar a este tipo de actuaciones; como son los problemas que se plantean en materia de prueba en relación a hechos cometidos a varios miles de kilómetros y la escasa colaboración cuando no el rechazo explícito de terceros estados a colaborar por temor a dañar sus vínculos comerciales o económicos con el régimen o tirano que es perseguido.

A las dificultades expresadas cabría añadir una más, que está jugando un papel disuasor nada desdeñable y que ha sido invocada, por ejemplo, por el Presidente del Gobierno de España, Sr. Aznar y que hace las veces de vía de escape para no cumplir con las obligaciones judiciales. Se dice, tanta es la necesidad de justicia y tantos los regímenes detestables que los sistemas judiciales que optaran por perseguir a los tiranos se verían desbordados por una avalancha de demandas. Es un argumento, desde luego, importante pero en opinión de Malabo Análisis no suficiente.

Este cuadro resume las dificultades operativas, prácticas, para aplicar las Convenciones y Convenios. Los sistemas judiciales de los países libres desestiman cumplir con sus obligaciones en los referente al cumplimiento de la norma internacional con el resultado de muy poca cooperación de terceros estados en la detención y extradición de los imputados y falta de efectividad en la órdenes de busca y captura.

Las actuaciones judiciales rechazando el derecho a recibir justicia de las victimas hablan bien poco a favor de los sistemas judiciales de los países libres. Significa en la práctica aceptar que existen intereses superiores a los de las víctimas cuando de delitos muy graves hablamos. Desde el punto de vista de Malabo Análisis existe muy poco margen para interpretar los hechos de manera distinta a como lo hacemos.

> El Estado Soberano

A las causas antedichas que impide la persecución de violadores de los derechos humanos habría que añadir la existencia de un derecho soberano muy poco evolucionado, poco preciso, antiguo pero en vigor, que establece el principio de inmunidad absoluta para todos los actos de estado y que tiene el respaldo del Tribunal Internacional de Justicia, justo es decirlo, cada vez de manera más tibia y dubitativa. El último episodio en esta dirección lo produjo el Tribunal Internacional de Justicia con la sentencia del 14 de febrero de 2002 que emitió ante el recurso de la República Democrática del Congo contra la justicia belga. Sentencia que en un alarde dubitativo y de crisis, estableció que el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Yerodia, de la República Democrática del Congo tenía derecho a la inmunidad pero no a la impunidad y que en el segundo caso la jurisdicción ideal para perseguir los delitos era, que gran absurdo, la propia del Congo.

En su opinión disidente dentro de la sentencia del TIJ (Tribunal Internacional de Justicia), el juez Al-Khasawneh, después de criticar la distinción que hace el TIJ entre inmunidad e impunidad, considera que conduce en la práctica a la impunidad y sostiene que la inmunidad de jurisdicción no puede considerarse absoluta, y mucho menos frente a normas internacionales que tienen carácter de ius cogens, como las que prohíben los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. A su parecer, que es el nuestro, estas normas de ius cogens, que reconocen intereses considerados como esenciales por la comunidad internacional en su conjunto, deben prevalecer sobre las normas que regulan la inmunidad de jurisdicción de un Ministro de Asuntos Exteriores.

En esa misma sentencia emitieron una opinión separada los jueces Higgins, Kooijmans y Buergenthal, en el mismo sentido pero con una salvedad. Consideraron los citados jueces que los dirigentes gubernamentales no pueden alegar su cargo oficial como eximente y exoneración por los crímenes cometidos, no obstante consideraban que la aplicación de la responsabilidad penal al individuo debía equilibrarse con otros intereses también fundamentales para el ordenamiento internacional como es la inviolabilidad y la inmunidad de jurisdicción penal absoluta del Ministro de Asuntos Exteriores en activo ante las jurisdicciones internas de terceros estados, sin que quepa apreciar distinción alguna, cualquiera que sea la gravedad de los crímenes que se le imputan.

La sentencia del TIJ pone de relieve la imprecisión de las normas de derecho, su poca evolución y la falta de funcionamiento de una corte penal internacional (Tribunal Penal Internacional) con poder ejecutivo para realizar instrucciones y fuerza policial y si es preciso militar, para hacer cumplir las sentencias. Son muchos los estados putrefactos y dictatoriales cuya razón de ser es la violación sistemática de los derechos humanos, verdaderos pilares sobre los que construyen su identidad y su supervivencia.

Los analistas del derecho internacional, se dividen en dos grupos, los que tienden a considerar que los jueces no pueden extralimitarse en las interpretaciones y que deben limitarse a aplicar la norma de derecho internacional, tal como se viene haciendo hasta la fecha, a la espera de que los órganos cualificados para construir norma aporten otras nuevas y aquellos otros que consideran que las normas ya existentes son suficientes y que a los jueces, precisamente, les compete una interpretación más adaptada a los tiempos y las nuevas exigencias y menos deudora de la forma consuetudinaria de aplicación.

Malabo Análisis se decanta por las dos vías, por la evolución de la norma y por una mejor formación de los jueces, por una mejor comprensión de su derecho interno. Es una gravísima conducta judicial suponer que los tratados, convenios, protocolos, convenciones u otras normas de derecho internacional que son ratificadas por los distintos estados no forman parte del derecho interno y lo es, asímismo, en virtud de los mismos, no atender las necesidades de justicia de la población residente en los citados países. Es obvio que las víctimas de persecución en sus países de origen los son porque no disponen de las garantías civiles suficientes y que por tanto la única posibilidad de reclamar justicia es de un estado que pueda hacer cumplir la ley o pedir que se cumpla.

Violencia entre estados, acciones insurreccionales, conflictos armados, persecución y violación sistemática de los derechos humanos, constituyen situaciones que hasta la fecha están escapando al derecho internacional y para los cuales las normas de derecho están muy poco evolucionadas sin capacidad para dilucidar la intención y naturaleza de los distintos acontecimientos. Para casos muy graves la comunidad internacional procede creando tribunal penales específicos como los de Ruanda o Yugoslavia.

Y cuando hablamos de naturaleza e intención lo hacemos porque no es lo mismo la violencia de la víctimas en legítima defensa que la violencia del que impone su fuerza para provecho propio y el de sus compinches. Es lógico hacer la precisión porque la prensa europea está siempre dispuesta a guardar una vil equidistancia entre las víctimas y los verdugos y a la apuesta fácil por el mantenimiento del estado de cosas si con ello se preserva la paz o su paz.

La inmunidad absoluta de Estado no parece que constituya en el siglo XXI una norma de derecho que merezca otro calificativo que el de una norma, cuando menos, imprudente, de dudosa catadura y lo más parecido a una broma pesada de la comunidad internacional para alivio de los estados putrefactos y donde la aplicación consuetudinario de la norma internacional cotribuye sobremanera a aumentar el horror.


> Futuro optimista

La causa de la civilización, en cualquier caso, está ganando la batalla

El Tribunal de Justicia Internacional, con la sentencia del caso Yerodia produjo votos particulares que indican que la acción de la justicia se mueve en la dirección correcta
Existen cada vez más jueces, bien formados jurídicamente, en distintos estados que en aplicación del derecho interno e internacional están decididos a perseguir las violaciones de los derechos humanos con independencia de donde se produzcan
Existen cada vez más jueces en distintos países dispuestos a colaborar en la persecución de los delitos antedichos
El derecho internacional evolucionará en la dirección correcta a tenor de todos los borradores y normas que están en estudio
En el 2004 se aprobará la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
En el 2004 es previsible que la Unión Europea se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos
En el 2004 es previsible que vea la luz Eurojust, la instancia dentro de la Unión Europea que permitirá coordinar la acción de las fiscalías de los estados miembros.


> La inmunidad abosluta

En la resolución IDI aprobada el 26 de Agosto de 2001 en su sesión de Vancouver, Las inmunidades de jurisdicción y de ejecución del jefe de estado y de gobierno en derecho internacional, en su artículo 2 se dice expresamente que gozan de inviolabilidad y de inmunidad de jurisdicción penal ante los tribunales de un Estado extranjero. Además, en el artículo 8 de la citada resolución se dice que los Estados pueden acordar las excepciones que consideren oportunas a la inviolabilidad y la inmunidad de jurisdicción.

Como contrapunto la citada resolución si advierte expresamente que el antiguo jefe de estado o autoridad no puede alegar ninguna inmunidad, penal, civil o administrativa, ante los tribunales de terceros estados si los actos que se le imputan son constitutivos de crímenes de derecho internacional. Con esta advertencia el IDI quiere dejar sentado que los crímenes de derecho internacional no pueden incluirse entre los actos de carácter oficial realizados en función del cargo (caso Pinochet).


> Conclusión

Queda claro que el IDI tendrá que reunirse más veces para producir resoluciones más elegantes, sensatas y precisas para delimitar la inmunidad de jurisdicción. No puede ser absoluta en ningún modo. La inmunidad absoluta, que produce repugnancia intelectual, es objeto de muy serias controversias, poco precisa y sobre todo anacrónica. El achatarramiento del derecho interno de los países democráticos, como hemos visto, conduce de manera inexorable al descrédito ante sus propias opiniones públicas.

El pueblo guineoecuatoriano debe saber que en poco tiempo los delitos cometidos por Obiang podrán ser perseguidos desde cualquier rincón del planeta. A Obiang se le perseguirá por delitos muy graves, como asesinato y canibalización de la víctima, asesinatos con tortura, tortura sistemática, desapariciones, persecuciones, delitos sexuales, saqueo de las arcas públicas y abuso continuo de autoridad. Guinea Ecuatorial lleva largo tiempo viviendo bajo el delito de Estado permanente y creemos ha llegado la hora de acabar con dicha circunstancia.

Es deseable que los delitos puedan ser juzgados por un tribunal nacional con todas las garantías necesarias y es bueno que se sepa que en dicha dirección se trabaja. Circunstancia que de ningún modo excluye la persecución de dichos delitos acudiendo a la justicia de un tercer estado, entre otras razones porque nada ni nadie puede impedir a una víctima la demanda de justicia y el derecho a exigir una reparación.





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Texto. Malabo Análisis


Primera
Malabo Análisis
Buen Gobierno
Tratado G3
Indicadores




















































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